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Artigo 19 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas manifesta que os estados devem obter Consentimento Livre, Prévio, e Informado dos Povos Indígenas antes de adoptar qualquer medida legislativa ou administrativa que os afectaria. 

Os governos não podem guardar os materiais perigosos na terra dos Povos Indígenas sem o Consentimento Livre, Prévio, e Informado deles. 

Os estados devem obter Consentimento Livre, Prévio, e Informado antes de aprovar qualquer projeto de desenvolvimento que afetaria as terras e os recursos dos Povos Indígenas.

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, junto com outros instrumentos internacionais, reconhece o direito a Consetimento Livre, Prévio e Informado como um direito dos Povos Indígenas.

Para os Povos Indígenas, o direito a Consentimento Livre, Prévio e Informado é um direito fundamental, inerente e inalienável. 

Os governos são obrigados a cumprir com o direito a Consentimento Livre, Prévio e Informado que têm todos os Povos Indígenas. Os governos precisam informar e ouvir as opiniões dos Povos Indígenas sobre si eles dão o consentimento deles aos projetos que lhes afetam.

 É importante que as comunidades Indígenas tenham suficiente tempo antes do começo dum projeto para ter discussões e tomar decisões sobre as mudanças potencias. 

É importante ter toda a informação sobre os impactos potenciais no meio ambiente, na comunidade, e nas pessoas. A informação deve ser disponível em uma maneira compreensível e na língua natural das pessoas afectadas. 

O direito a Consentimento Livre, Prévio, e Informado é estipulado nas leis nacionais e internacionais, e deve ser aplicado quando qualquer tipo de projeto está planejado nas terras das comunidades Indígenas, especialmente quando há risco de dano irreparável nestas terras.

É importante exigir que os governos e as empresas cumprem com esta lei porque protege o meio ambiente, garantia água e ar limpo, e é um mecanismo de controlar os projetos de desenvolvimento para assegurar um benefício verdadeiro para as comunidades Indígenas.

O direito a Consentimento Livre, Prévio e Informado manifesta claramente que os governos não devem forçar as pessoas a mudar de ideias, valores, ou as formas tradicionais de tomar decisões e de organizar-se. Também, eles não devem espalhar informação imprecisa para informar erroneamente os Povos Indígenas. 

Para assegurar que o direito a Consentimento Livre, Prévio, e Informado é respeitado, as comunidades Indígenas deveriam ter reuniões comunitárias que informam as pessoas sobre que está passando e que poderia passar. Além disso, projetos devem ser supervisionados para garantir que as decisões das reuniões comunitárias são implementadas.

Para aplicar o direito a Consentimento Livre, Prévio e Informado corretamente, é importante saber que é aplicável a todos os Povos Indígenas. Os governos e as empresas têm que respeitar as formas de comunicação das populações Indígenas, e os representantes do governo, das empresas, e das comunidades devem juntar-se para negociar e chegar a um acordo que beneficia à comunidade.

Para uma população ter um acesso justo ao direito a Consentimento Livre, Prévio e Informado, o seguinte deve ser respeitado: 1) As populações indígenas devem ser consultadas antes de já iniciando o projeto. 2) Tempo suficiente deve ser dado a toda comunidade para receber toda informação necessaria relacionado com o projeto e seus implicações. 3) A informação deve ser distribuido de acordo com os costumes tradicionais destas populações. 4) As populações devem chegar a suas próprias opiniões sem nenhuma forma de manipulação. 5) Todas as decisões deverem ser documentadas em detalhe.

La Coalición SIRGE –integrada por líderes Indígenas y organizaciones aliadas– llama a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a las empresas y corporativos involucrados en la transición hacia una economía verde, a que observen e implementen los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, especialmente en casos relacionados con extracción, producción, consumo, venta y reciclaje de los llamados minerales de transición.

La Coalición SIRGE –integrada por líderes Indígenas y organizaciones aliadas– llama a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a las empresas y corporativos involucrados en la transición hacia una economía verde, a que observen e implementen los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, especialmente en casos relacionados con extracción, producción, consumo, venta y reciclaje de los llamados minerales de transición.

La Coalición SIRGE –integrada por líderes Indígenas y organizaciones aliadas– llama a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a las empresas y corporativos involucrados en la transición hacia una economía verde, a que observen e implementen los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, especialmente en casos relacionados con extracción, producción, consumo, venta y reciclaje de los llamados minerales de transición.

La Coalición SIRGE –integrada por líderes Indígenas y organizaciones aliadas– llama a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a las empresas y corporativos involucrados en la transición hacia una economía verde, a que observen e implementen los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, especialmente en casos relacionados con extracción, producción, consumo, venta y reciclaje de los llamados minerales de transición.

La Coalición SIRGE –integrada por líderes Indígenas y organizaciones aliadas– llama a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a las empresas y corporativos involucrados en la transición hacia una economía verde, a que observen e implementen los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, especialmente en casos relacionados con extracción, producción, consumo, venta y reciclaje de los llamados minerales de transición.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Los combustibles fósiles y otras fuentes de energía convencionales liberan muchos gases de efecto invernadero que perjudican al medio ambiente. Por esta razón, a nivel mundial se habla de la necesidad de una transición hacia el uso de fuentes de energías más limpias y el desarrollo de tecnologías como los sistemas de almacenamiento en baterías. No obstante, para la creación de dichas baterías son necesarios los llamados “minerales de transición”, cuya extracción aumenta el peligro de nuevos desplazamientos y despojo de territorios de los Pueblos Indígenas.

Johana y Brígida son dos mujeres transexuales, aymaras y cholas, que han logrado la titularidad de sus tierras en sus respectivas comunidades Indígenas, ubicadas en el altiplano boliviano. A pesar de los discursos católicos que atraviesan a las culturas aymaras, ellas han iniciado procesos de reflexión en torno a las diversidades sexuales y de género, pues su sola presencia desata un debate sobre el tema. Ambas tienen como respaldo la Ley 807 (Ley de Identidad de Género en Bolivia), que les ha permitido el cambio de datos como el nombre y el género en sus documentos de identidad.