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¿Qué sabe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos como ODS? En este programa le compartimos información sobre el objetivo número 8, enfocado al tema de la economía mundial, pues un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. 

Por el Derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, los gobiernos tienen que mantener a las comunidades indígenas informadas sobre cualquier proyecto que quieran desarrollar en sus tierras y escuchar sus opiniones antes de realizarlo.

El Derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado corresponde a todas las personas indígenas.

Las comunidades indígenas no deben dejar al gobierno seguir violando su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado e destruyendo sus tierras.

Es necesario que las comunidades indígenas eligen líderes que estén comprometidos con la lucha de los pueblos y no con los intereses del gobierno.

El Artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que no se puede desplazar a la fuerza a las comunidades indígenas de sus territorios.

Los Estados deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de aplicar medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

Los gobiernos no pueden almacenar materiales peligrosos en las tierras de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

El Estado debe obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo que afecte las tierras y recursos de los pueblos indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas junto con otros instrumentos internacionales reconocen el derecho al consentimiento libre, previo e informado como un derecho de los pueblos indígenas.

Para los pueblos indígenas, el Consentimiento Libre, Previo e Informado es un derecho fundamental, inherente e inalienable.

El gobierno está obligado a cumplir con el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado que corresponde a los pueblos indígenas.

El proceso de negociación entre el gobierno y los pueblos indígenas debe ser libre de amenazas, sobornos, o cualquier manipulación por parte del gobierno en las decisiones de los pobladores.

Describe la importancia de atener la información adecuada de un proyecto previamente, para que los indígenas de la región en cuestión puedan tener un discurso apropiado sobre los cambios que se implicarían.

Explica la importancia de tener toda la información sobre los impactos al medioambiente, a la comunidad y a los pobladores. Se debe dar en manera completa y en el idioma materno para asegurar comprensión total.

El derecho al consentimiento libre, previo e informado se encuentra estipulado en leyes nacionales e internacionales y se puede aplicar en la defensa de las tierras cuando se pretende realizar un proyecto que cause daños irreparables.

Es importante exigir el cumplimiento de esta ley porque proteger el ambiente, garantizar agua y aire limpio, y es un mecanismo para controlar los proyectos de desarrollo, para asegurar que realmente beneficien a los pobladores de la comunidad.

El derecho al consentimiento libre previo e informado claramente dice que el gobierno no deberá actuar para hacer que las personas cambien su forma de organizarse, pensar, actuar y tomar decisiones. Sin embargo, el gobierno ha formado una cadena de mala información para mal informar a los ciudadanos para garantizar que los mega proyectos se cumplan.

Para asegurar que se cumpla con el derecho al consentimiento libre previo e informado se pueden realizar sesiones comunitarias para estar enterados en todo lo que sucede o pueda suceder en el pueblo. Adjunto, se tiene que mantener la supervisión de los proyectos para asegurar que las cosas se realicen como se decidió dentro de las sesiones.

Para que el derecho se aplique correctamente es importante saber que este derecho debe ser aplicado a todos los pueblos indígenas, se deben respetar las formas propias de comunicación y toma de decisión de cada pueblo, y se deben realizar sesiones con los representantes del gobierno, las empresas, y de los pueblos indígenas para llegar a un acuerdo que beneficie al pueblo.

Para que este derecho sea aplicado de manera justa, se debe de respetar lo siguiente: 1. Desde el inicio de un proyecto se debe consultar a los pueblos indígenas; 2. Se debe otorgar el tiempo necesario para que los pueblos indígenas reciban todo la información sobre los proyectos y sus impactos; 3. Se debe dar información en las formas tradicionales de cada pueblo; 4. Se debe evitar cualquier tipo de influencia en opiniones hacia los pobladores; 5. Se debe documentar cualquier decisión en forma detallada.

Le droit au consentement libre, préalable et éclairé signifie que les gouvernements doivent informer les communautés autochtones des projets de développement dans leurs territoires, et écouter leurs opinions avant de commencer aucun projet.

Dès la naissance, tout être humain a des droits inaliénables et en tant que peuple autochtone, nous avons le droit au consentement libre, préalable et éclairé. Ce droit vaut pour tout le monde quel que soit le pays d'ou vous venez, et il doit être appliqué des lors qu'un gouvernement tente d’exploiter les ressources naturelles dans nos communautés. Et ce particulièrement quand ces projets risquent de provoquer des changements nuisibles à nos terres.

Je suis un autochtone. J’ai donc le droit au consentement préalable, libre et éclairé, mais les gouvernements élaborent beaucoup de stratégies afin de ne pas respecter ce droit. Une des stratégies est d’identifier les chefs de région dans nos communautés et de les persuader de travailler exclusivement dans l’intérêt du gouvernement ou d’une société de promotion plutôt que dans celui de la communauté qu’ils représentent. Et ce en se servant de pots-de-vin, en leur offrant des emplois et en élaborant d’autres stratégies.

Pour les communautés autochtones, le droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause est soutenu par l’article 10 de la Déclaration des Droits des Peuples Autochtones de l’ONU. Il déclare que les gouvernements ne peuvent ni déplacer les communautés autochtones de leurs terres ou territoires par la force, ni effectuer des projets sur les terres des peuples autochtones sans leur consentement préalable, libre et éclairé.