El Estado de Guatemala es responsable por violar la libertad de expresión y los derechos culturales de cuatro Pueblos Indígenas operadores de radios comunitarias, según lo declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una sentencia emitida el pasado 6 de octubre del 2021 y notificada el 17 de diciembre.